"Es urgente la necesidad de impedir que la búsqueda de justicia ante abusos de multinacionales, daños y pasivos socioambientales, laborales, financiación del paramilitarismo, amenazas o asesinato de líderes sindicales se vea saboteada por este sistema.” MiningWatch Canadá firma la declaración, junto a más de 220 organizaciones. Conozca aquí la declaración completa.
Más de 220 organizaciones, especialmente aquellas involucradas en la defensa del agua, la vida y los territorios, y redes, organizaciones y sindicatos de Colombia, América Latina y del resto del mundo, lanzaron una petición hoy exhortando al gobierno de Colombia que se retire de tratados que faciliten que transnacionales demanden al país en tribunales diseñados para favorecer sus intereses.
Empresas transnacionales extractivas, como Glencore y Eco Oro, utilizan este sistema más que otras y han demandado a Colombia sobre decisiones a favor de la protección de los páramos, del agua y de los derechos indígenas. Actualmente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informa que hay 13 demandas y ocho más en curso contra Colombia que pueden significar indemnizaciones a multinacionales hasta por 11,9 billones de pesos.
El llamado para “retirarse de este sistema injusto, arbitrario y colonialista” es dirigido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las organizaciones firmantes argumentan que este sistema de tribunales de arbitramento es incompatible con los derechos humanos y la protección del ambiente, está diseñado por y para las corporaciones multinacionales, y es usado como mecanismo de chantaje cuando los gobiernos o sus cortes ponen límites al abuso de poder corporativo, y protegen su medio ambiente o los derechos de su ciudadanía.
El texto que será entregado al gobierno señala que:
“En Colombia, defender la vida, la naturaleza y el territorio ha costado a líderes y lideresas de movimientos, asesinatos, amenazas y estigmatización, siendo el país más peligroso del mundo para las personas defensoras del ambiente. En este contexto, es urgente la necesidad de impedir que la búsqueda de justicia ante abusos de multinacionales, daños y pasivos socioambientales, laborales, financiación del paramilitarismo, amenazas o asesinato de líderes sindicales se vea saboteada por este sistema”.
Las organizaciones firmantes también enfatizan en que hay precedentes de países que han logrado revisar y salirse de estos mecanismos arbitrarios, sin afectar sus relaciones comerciales, y que incluso la Organización de las Naciones Unidas –ONU- recomienda renegociar o salirse de estos tratados.