COMUNICADO DE PRENSA
Valle de Siria, Francisco Morazán, 17 de agosto del año 2006

Con mucha urgencia y preocupación, nuestro Comité Ambientalista del Valle de Siria compartimos el día de hoy los resultados de los estudios independientes hechos recientemente por el Dr. Juan Almendares y el biólogo Flaviano Bianchini, comprobando el peligro real de los altos niveles de metales pesados en nuestras fuentes de agua y en la sangre de los pobladores. Los análisis de laboratorio no dan lugar a dudas: en los diez muestreos de sangre, los niveles de arsénico y plomo sobrepasan los límites considerados ya peligrosos por la Organización Mundial de Salud, en algunos casos hasta más que tres veces.

Son años que la población del Valle de Siria estamos denunciando la contaminación del agua de la región y las graves enfermedades que sufren las comunidades afectadas por la mina de oro a cielo abierto San Martin, propiedad de la Entre Mares, subsidiaria de la transnacional canadiense Glamis Gold. Tanto la empresa como el Estado de Honduras han hecho caso omiso de la crisis de salud en el Valle de Siria, negando la verdadera situación así como vemos evidenciado en estos días en los campos pagados y espots que vienen inundando los medios de comunicación de parte de la industria minera.

Por todo lo anterior, exigimos el cierre inmediato de la mina San Martin, porque al continuar la actividad minera sabiendo los impactos que la misma está ocasionando, nos estarían sometiendo a una muerte paulatina y silenciosa. Existen evidencias claras, más que lo suficiente para que el Estado cancele el contrato de concesión a Entre Mares, según lo estipulado en la décima cláusula de dicho contrato.

A la empresa Entre Mares, se le exige la recuperación integral de toda la zona afectada, no sembrando zacate y eucalipto, con lo cual quieren demostrar que ya está recuperada dicha zona. Al contrario, exigimos el pronto saneamiento de nuestras aguas, ya que la contaminación existente continuará a muy largo plazo a través del drenaje ácido si no se tomen medidas de mitigación.

De igual manera, demandamos que el Estado como garante de la salud pública de Honduras, derecho consagrado en la Constitución de la República, deduzca responsabilidades para resarcir todos los daños a la salud de las comunidades. Mientras que las instancias gubernamentales siguen alargando las supuestas investigaciones en ese campo, la crónica de una muerte anunciada en los pobladores del Valle está demostrada en este último estudio técnico.

De no tener ninguna respuesta del Estado, estamos anunciando desde ya acciones concretas y legales para exigir nuestros derechos.