Organizaciones canadienses enviaron carta al Ministro de Relaciones Exteriores y a la Ministra de Pequeña Empresa, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional demandando que Gobierno de Canadá se exprese públicamente denunciando la violencia en contra de las y los defensores de la tierra que resisten pacíficamente la mina Escobal en Guatemala, propiedad de Pan American Silver (PAS), con sede en Vancouver.
Lea la carta abajo:
30 de marzo de 2021
Honorable Marc Garneau, Ministro de Relaciones Exteriores, Gobierno de Canadá
Honorable Mary Ng, Ministra de Pequeña Empresa, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional, Gobierno de Canadá
Re: Amenazas y violencia contra defensores/defensoras de la tierra en mina de propiedad canadiense en Guatemala
Estimados ministros Garneau y Ng:
Las organizaciones que firman la presente carta están preocupadas por la escalada de amenazas y ataques contra las y los defensores de la tierra que resisten pacíficamente la mina Escobal en Guatemala, propiedad de Pan American Silver (PAS), con sede en Vancouver, durante muchos años. Esta violencia podría descarrilar avances recientes en un proceso de consulta con el pueblo indígena Xinka y ocurre en un contexto de creciente cooptación y corrupción del poder judicial guatemalteco. Hacemos un llamado al gobierno canadiense para que tome medidas inmediatas, como se describe a continuación.
La mina Escobal se impuso a los residentes mediante violencia contra las protestas pacíficas y la aplicación de la ley marcial, así como la vigilancia de estilo militar y la persecución legal contra las y los oponentes del proyecto. Esto llevó a una demanda presentada por las y los guatemaltecos contra Tahoe Resources en los tribunales de Columbia Británica en el 2014. La continua falta de respeto hacia la oposición pacífica a la mina por parte del pueblo indígena Xinka en el área llevó a su suspensión a mediados de 2017, primero debido a los campamentos pacíficos por parte del movimiento de resistencia para bloquear el tráfico a las minas, y luego cuando los tribunales ordenaron a las autoridades guatemaltecas realizar un proceso de consulta con el pueblo Xinka.
Hasta hace poco, el proceso de consulta no había avanzado debido a múltiples irregularidades procesales y a la exclusión por parte del gobierno guatemalteco de los Xinka de su propio proceso. Estos recientes ataques han ocurrido poco después de que las autoridades guatemaltecas finalmente aceptaran a los representantes Xinka, y justo cuando las autoridades Xinka se preparan para tomar decisiones importantes sobre cómo debe llevarse a cabo la consulta. Estos ataques ponen en riesgo todo el proceso de consulta. La Corte Constitucional de Guatemala enfatizó en su decisión de septiembre de 2018 que “una situación marcada por el enfrentamiento, la violencia y la desconfianza no ayuda a que la consulta sea realmente productiva”. Para evitar una mayor escalada de esta situación ya tensa y peligrosa, pedimos a las autoridades canadienses que respondan con una acción concertada.
Detalles específicos de amenazas y ataques recientes
En la mañana del sábado 16 de enero de 2021 se produjo un asesinato contra la vida del señor Julio David González Arango. El señor González es miembro activo de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa que se opone a la mina Escobal. Hombres desconocidos dispararon contra el Sr. González en su casa en el municipio de Mataquescuintla, Jalapa, donde también tiene una pequeña tienda.
Al día siguiente, los señores Juan Eduardo Donis y Pablo Adolfo Valenzuela Lima, otros dos miembros de la resistencia pacífica a la mina de Mataquescuintla, recibieron mensajes de texto donde se les amenazaba. Las amenazas incluyeron una referencia explícita al ataque contra el Sr. González e indicaron que el Sr. Donis y el Sr. Valenzuela serían los siguientes.
Luego, el sábado 6 de febrero, el líder indígena Xinka, Luis Fernando García Monroy, fue amenazado por un partidario de la mina cerca de su casa. En 2013, el Sr. Monroy recibió un disparo y resultó herido en el ataque antes mencionado, cuando las fuerzas de seguridad de la mina abrieron fuego contra una manifestación comunitaria pacífica frente a las puertas de la mina. Más tarde se convertiría en demandante en el histórico caso García v. Tahoe Resources en Columbia Británica. García también trabaja para el Parlamento Xinka, la autoridad legítima del Pueblo Xinka.
Este ataque al señor González y las graves amenazas contra los señores Donis, Valenzuela y García ocurren en un contexto cada vez más tenso y peligroso para los miembros de la resistencia pacífica y el Parlamento Xinka. El Sr. González, el Sr. Donis y el Sr. Valenzuela, así como Edwin Alexander Reynoso Bran y el abogado del Parlamento Xinka Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, y otros miembros de la resistencia, han recibido numerosas amenazas antes de este último ataque. Los ataques fueron denunciados al Ministerio Público, que hasta la fecha no ha actuado sobre las denuncias. Es importante señalar que el señor Reynoso ya sufrió dos intentos de asesinato en 2014 y 2015. Durante el primer ataque, fue asesinado Topacio Reynoso Pacheco, su hija de 16 años y defensora de derechos humanos.
El Sr. Reynoso y el Sr. García, son dos de los 59 representantes elegidos para participar en la consulta ordenada por la Corte con el pueblo Xinka en la mina Escobal. El abogado Quelvin Jiménez también ha sufrido amenazas desde la decisión de la Corte Constitucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares en julio de 2019.
Factores desestabilizadores y el papel de Pan American Silver
Aunque Pan American Silver no está extrayendo minerales en la mina Escobal actualmente, ésta continúa operando en las comunidades Xinka, mucho más allá de las actividades de "cuidado y mantenimiento". Según su propio Informe de sostenibilidad de 2019, la empresa está "colaborando con líderes comunitarios, agencias gubernamentales y ONG". En septiembre de 2020, la empresa anunció el lanzamiento de un “programa de monitoreo participativo” en el municipio donde se ubica la mina. En respuesta a una carta enviada a las autoridades guatemaltecas y firmada por casi 200 organizaciones expresando preocupación por los recientes ataques y amenazas contra defensores, Pan American Silver escribió que continúa "las actividades de relaciones comunitarias para respetar los compromisos existentes ..."
Si bien estas actividades comunitarias pueden parecer inocuas para un observador externo, el Parlamento Xinka y el movimiento de resistencia han denunciado este trabajo comunitario como coercitivo, en violación de la naturaleza "libre" de la consulta y la orden de suspensión de la Corte Constitucional, y como un factor principal de tensión y violencia. En una declaración conjunta del Parlamento Xinka y el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala en octubre de 2020, el Ministerio acordó informar a Pan American Silver que los Xinka consideran las actividades de la empresa como actos de mala fe que amenazan la integridad de la consulta. Sin embargo, Pan American Silver no ha reconocido ni ha tomado medidas en respuesta a las demandas del pueblo Xinka de que la empresa suspenda todas las actividades de relaciones con la comunidad. Y que a la vez cumpla su parte para preservar el derecho del pueblo Xinka de participar de manera libre y segura en el proceso de consulta.
Crisis constitucional y pérdida de la independencia judicial en Guatemala
Además de la situación a nivel local, el contexto generalizado de impunidad en el que se producen estos abusos corre el riesgo de agravarse aún más. Un poderoso grupo conocido en la prensa guatemalteca y por los críticos como el "Pacto de los Corruptos", integrado por poderosos empresarios, así como miembros del Congreso y funcionarios públicos, ha estado impulsando esquemas para socavar la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y de la Corte Constitucional de Guatemala.
Esta situación no solo tiene serias repercusiones para la independencia judicial en Guatemala en general, sino que también es un mal augurio para las consultas ordenadas por la corte en curso sobre megaproyectos como el que se va a realizar con el pueblo Xinka, para el cual la Corte Suprema es el árbitro designado.
Consulte este documento de antecedentes para obtener más información sobre por qué la interferencia de Pan American es tan preocupante (ver link arriba)
En un contexto de escalada de amenazas y violencia, profundización de la corrupción e impunidad, y el hecho de que una empresa minera canadiense esté nuevamente en el centro de tal situación en Guatemala, nos solidarizamos con la resistencia pacífica a la mina Escobal e instamos a que funcionarios en Canadá tomen medidas inmediatas.
Solicitamos que el Gobierno de Canadá tome las siguientes acciones:
- De acuerdo con las acciones definidas en los “Lineamientos de Voces en Riesgo” (Voices at risk, en inglés), emita una declaración pública formal condenando la violencia contra la resistencia pacífica a la mina Escobal. Utilice esta declaración, así como los canales diplomáticos, para instar a una investigación completa e imparcial por parte de la Policía Nacional Civil de Guatemala y el Ministerio Público sobre estas amenazas y ataques.
- Informe y plantee inquietudes a Pan American Silver en respuesta a estos ataques contra la resistencia pacífica en curso contra su mina Escobal y el riesgo que esto representa para el proceso de consulta en curso, y haga eco de las demandas del Parlamento Xinka de que Pan American Silver cese todas sus actividades en la comunidad en Guatemala, lo cual agrava el conflicto y exacerba la tensión local.
- Como miembro del Grupo Filtro de embajadas en Guatemala, trabaje para llamar la atención y condene estos ataques más recientes.
- Como miembro de la Organización de Estados Americanos, de seguimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la aliente para que las denuncias presentadas sobre estos ataques en Guatemala sean revisadas de manera oportuna.
- Haga del Defensor del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable (CORE, en sus siglas en inglés) una entidad independiente, con el poder de investigar denuncias de irregularidades y que no ponga a las comunidades u organizaciones en mayor riesgo.
- Desarrolle urgentemente una legislación vinculante para abordar el estado generalizado de impunidad del que se benefician las empresas canadienses mientras operan en el extranjero.
Agradeceríamos la oportunidad de reunirnos con usted para discutir este asunto tan urgente. Se puede comunicar con Viviana Herrera ([email protected]) y Este Chep ([email protected]) para concertar una reunión.
Cordialmente, firman,
- Mining Injustice Solidarity Network (MISN)
- Mining Justice Action Committee
- Inter Pares
- KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
- Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA)
- Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL)
- Cooperation Canada
- The University of Ottawa, Interdisciplinary Research Group on Territories of Extractivism (GRITE)
- Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (BTS)
- CoDevelopment Canada
- Solidarité Montérégie Amérique Centrale
- Kolektif Jistis Min (KJM)
- Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)
- MiningWatch Canada
- Mining Justice Alliance (MJA)
- Canadian Lawyers for International Human Rights (CLAIHR)
- Oxfam
- BC CASA/Cafe Justicia Canada
- Mining Justice Action Committee (MJAC)
- CoDevelopment Canada
- Public Service of Alliance of Canada
- L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (l’AQOCI)
- Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
- Réseau québécois des groupes écologistes
- Rights Action
- Collectif Guatemala
- Students for Mining Justice
CC:
Embajadora Rita Rudaitis-Renaud, Embajada de Canadá en Guatemala
Embajador Hugh Adsett, Embajador y Representante Permanente de Canadá ante la Organización de Estados Americanos
Eric Bertram, Director Adjunto de Democracia y Asuntos Indígenas, Asuntos Globales de Canadá
Catherine Godin, Director General de Asuntos Globales de Canadá
Sylvia Cesaratto, Director General, Centroamérica y el Caribe, Asuntos Globales de Canadá